Dicha sede garantizará el protocolo de distanciamiento. El debate por el crimen de Nicolás D’Amico se realizará en octubre y el de Hugo Wasyluk en noviembre.
Atento a la cantidad de implicados en ambos casos, lo que requiere un espacio edilicio de importantes dimensiones, el Tribunal Penal Uno de Oberá decidió que los juicios por los homicidios de Nicolás “Junior” D’Amico (35) y de Hugo Miguel Wasyluk (38) se realizarán en instalaciones del Oberá Tenis Club (OTC).
Se trata de dos resonantes causas penales que este año se ventilarán en respectivos debates: los días 6, 7, 13 y 14 de octubre serán juzgados los siete imputados por el asesinato del preventista de carne D’Amico; mientras que el 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de noviembre será el turno de los trece acusados en el marco del expediente Wasyluk por torturas seguidas de muerte.
En diálogo con el presidente del Tribunal Penal Uno de Oberá, Francisco Aguirre, explicó que “ante el número de participantes en ambos juicios, considerando imputados, las defensas y demás actores, se buscó un espacio que nos permita albergar a todos con comodidad y, sobre todo, respetando el protocolo de distanciamiento social dispuesto en contexto de pandemia”.
En tal sentido, indicó que las instalaciones del OTC cuentan con las condiciones necesarias para preservar el aspecto sanitario y la seguridad de todos los actores. Además, ponderó la colaboración de la dirigencia de la institución.
“Los expedientes Wasyluk y D’Amico tienen varios años, se cumplieron las diferentes instancias del proceso y está todo dado para que se realicen los debates. En el OTC contaremos con todas las garantías necesarias para asegurar el correcto desarrollo de los juicios”, destacó Aguirre.
Al respecto, mencionó que en el juicio Wasyluk serán citados 40 testigos, un dato que marca la importancia de contar con un espacio amplio y ventilado.
Caso D’Amico
El cadáver de Nicolás “Junior” D’Amico fue hallado calcinado en el baúl de su coche en el paraje El Chatón, localidad de Leandro N. Alem, la noche del 30 de octubre del 2015.
A seis años del hecho y con los siete implicados en libertad, entre ellos el cabo de la Policía Guillermo Sebastián Rockenbach (33), el Tribunal Penal Uno fijó fecha para el debate oral.
Diego Benegas (38) y Jonathan “Yony” Gutiérrez (29) serán juzgados por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía y premeditación.
En septiembre de 2019 ambos fueron beneficiados con la excarcelación extraordinaria al vencerse los plazos de la prisión preventiva.
Por su parte, Gustavo Benegas (34), Gustavo García (30) y Diego Gutiérrez (31) fueron imputados por encubrimiento agravado; mientras que Guillermo Andrés Burkiewicz (33) y el policía Rockenbach están acusados de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a quien no acredita la condición de legítimo usuario.
En la instrucción quedó probado que días antes del hecho el cabo le entregó un arma a Diego Benegas; aunque luego, por el estado del cuerpo de la víctima, no se pudo corroborar si sufrió o no disparos.
El primero de los imputados que se quebró fue Diego Gutiérrez, quien incluso acusó a su propio hermano: “Diego (Benegas) agarró el bidón y comenzó a rociar el cuerpo y el auto. Mi hermano Yony también tiró nafta, los dos lo hicieron”.
Traslado del cuerpo
Tras detallar cómo cargaron el cuerpo en el Bora de la víctima, Diego Gutiérrez aseguró que el dueño de la carnicería le pidió que vaya con su propio auto al frente en la ruta para ver si había controles.
“Salimos con Yony y Diego venía atrás, hasta que nos pasó en la YPF antes de la tabacalera. Ahí entró en la picada a la izquierda, de Oberá hacia Alem. Mi hermano me decía: seguile, seguile. Hicimos 300 metros más o menos y Diego metió el auto en un tesal y lo roció con un bidón de nafta que llevaba mi hermano. Durante el viaje mi hermano me decía que me quedara tranquilo que lo iban a hacer desaparecer y yo le respondía que están locos”, aseguró.
Brindó detalles de cómo incendiaron el coche y el cuerpo, circunstancia en que su hermano se quemó un brazo, tras lo cual regresaron a Oberá.
“Eran las diez de la noche, volvíamos a la carnicería y Diego me decía que me calle la boca, que estaba todo bien. Le dije: Vos me enterraste, y me respondió: Quedate tranquilo, vos no tenés nada que ver, yo te voy a dar plata para vos y tu hermano”, indicó el testigo.
Consultado al respecto, también se refirió el localizado satelital del VW Bora que alrededor de las 20 lo situó en la carnicería de avenida De Las Américas, de Oberá: “Mi hermano le preguntaba a Diego por el GPS del Bora, y le dijo que dio unas vueltas antes y que no marcaba porque ya lo había desconectado”.
Caso Wasyluk
El cadáver de Wasyluk fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá. La instrucción probó que la víctima fue torturada por algunos policías y después otros encubrieron el crimen, lo que derivó en el deceso.
Por el hecho fueron imputados trece funcionarios, aunque transcurrida una década varios fueron dados de baja y otros se acogieron al retiro. Tanto es así, que actualmente sólo quedan en actividad cinco de los trece.
Los más complicados son el sargento Pedro De Mattos, el cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte” y podrían ser condenados a prisión perpetua.
Los tres citados cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima, la noche del 25 de abril del 2011.
Para la Justicia, De Mattos, Gómez y Rodríguez fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk, por lo que permanecieron más de tres años detenidos. Fueron liberados en mayo del 2015 tras pagar una caución de 50 mil pesos cada uno, por lo que esperan el juicio en libertad, como los otros diez implicados.
Según consta en el expediente, luego de varios meses detenido, el agente Rodríguez decidió romper el silencio y contó con detalles cómo golpearon a Wasyluk. Incluso, argumentó que estaba amenazado por sus propios camaradas.
Por la gravedad de la imputación, los tres citados fueron dados de baja por la Jefatura de la Policía de Misiones y ya no pertenecen a la fuerza.
Más acusados
Por el mismo hecho están procesados Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. González también fue dado de baja.
Asimismo, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según precisaron desde la Unidad Regional II, Espíndola y Silva pasaron a retiro a fin del año pasado, situación que ya revisten Núñez y Morales.
En tanto, Heijo, Basaraba, Harasimezuk, Fontana y Lentini serían los cinco que lleguen a juicio siendo parte de la fuerza.
La salvedad podría darse en los casos de Lentini y Basaraba, quienes actualmente se hallan en situación de disponibilidad por el escándalo de la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de la División Toxicomanía, de la cual al momento del hecho eran jefe y segundo a cargo.
Por ello, la situación administrativa de ambos queda supeditada al avance del expediente por el faltante de droga que se tramita en el Juzgado Federal de Oberá.
Primer mbya juzgado por abuso
En el transcurso del próximo mes el Tribunal Penal de Oberá tiene previsto realizar ocho debates, de los cuales seis corresponden a hechos contra la integridad sexual de las personas.
En ese contexto, el 20 de septiembre será juzgado Richard K. Y., integrante de la comunidad mbya guaraní acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijastra.
Según fuentes judiciales, se trataría del primer juicio a un aborigen de Misiones por dicho delito.
Por la particularidad del caso y para garantizar el derecho de defensa del imputado, se prevé la participación de un antropólogo, un representante de los pueblos originarios, un intérprete y un veedor del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia.
La denuncia fue radicada en 2019 y los hechos se habrían registrado en la zona rural de San Vicente, donde el implicado residía con su concubina y la hija de ésta. Los abusos habrían comenzado cuando la menor tenía 11 años y se prologaron hasta los 13, cuando la niña le contó a su madre que estaba amenazada por su padrastro.
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