Los tres senadores nacionales por Misiones —Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Frente Renovador para la Concordia Social)— votaron a favor del proyecto de “Modernización Laboral” impulsado por el oficialismo, que obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos y 30 negativos, en una extensa sesión que no registró ausencias ni abstenciones, un dato poco habitual en debates de alto voltaje político.
El oficialismo reunió 18 votos de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, 4 del PRO, 3 del Peronismo Federal y 6 de bloques provinciales. Entre estos últimos se contabilizan los votos de Arce y Rojas Decut, representantes del oficialismo misionero.
Debate dentro y fuera del Congreso
La sesión se desarrolló en paralelo a una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, con réplicas en distintos puntos del país. Organizaciones sindicales, sociales y políticas expresaron su rechazo a la reforma, al considerar que implica una reducción de derechos laborales.
Durante la jornada también se registraron incidentes y represión policial. Según reportes preliminares, al menos 37 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones.
Mientras el debate avanzaba en el recinto, en las calles el clima era de tensión. Dos escenarios que reflejan la profundidad de la discusión: de un lado, el argumento oficial de “modernizar” el mercado laboral; del otro, la denuncia de sectores que sostienen que el proyecto flexibiliza condiciones de trabajo y debilita garantías históricas.
Los votos afirmativos
Entre quienes votaron a favor se encuentran senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. En el caso de Misiones, el acompañamiento fue unánime por parte de sus tres representantes.
Con la media sanción obtenida, el proyecto pasa ahora a Diputados, donde se anticipa un nuevo debate intenso tanto en el recinto como en la calle.
La discusión ya excede lo técnico y se instaló en el terreno político y social: qué se entiende por modernización, qué implica en términos concretos para trabajadores y empleadores, y cuál es el equilibrio posible entre competitividad y derechos. En ese cruce se jugará la próxima etapa del debate legislativo.
