9 agosto, 2022

Condenaron a familia que vendía cocaína en cuatro puntos de Posadas

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Un hombre, su hija y su nuera, todos de la chacra 181 de la capital provincial, fueron sentenciados a cuatro años de prisión. Otro hombre recibió tres años y fue liberado

La Justicia Federal condenó a cuatro integrantes de una familia que vendía estupefacientes en distintos puntos de la chacra 181 de Posadas. El veredicto estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas mediante un juicio abreviado en el cual los implicados admitieron su responsabilidad.

Tres de ellos, identificados como Antonio Álvarez (65), Mariela Álvarez (24) y Griselda Casapava (38), recibieron la pena de cuatro años como coautores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Ramón Villalba (63), por su parte, fue condenado a tres años de ejecución condicional por el delito de “facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes”.

Según expresa el veredicto con fecha del 16 de marzo dado a conocer mediante el Centro de Información Judicial, Antonio Álvarez cumple su pena con prisión domiciliaria al igual que Casapava; la más joven fue detenida y alojada en la cárcel en la Unidad Penal V de Miguel Lanús hasta que se resuelva un pedido de morigeración y Villalba recuperó inmediatamente su libertad.

Según se pudo reconstruir, la investigación se inició en agosto del 2019 tras una denuncia en la Fiscalía Federal de Posadas, cuyas autoridades dieron intervención a la División Antidrogas Eldorado de la Policía Federal Argentina. Los investigadores iniciaron así pesquisas de encubierto y pudieron identificar los domicilios.

Mediante seguimientos, filmaciones y testimonios se pudo establecer la implicancia de una red con diferentes bocas de expendio que también comercializaba bajo modalidad delivery. Se registraron también varios “pasamano” de envoltorios para apoyar la acusación.

El primer domicilio que se identificó fue el de Antonio Álvarez en el pasaje Esperanza. El hombre vivía allí con su hijo de 25 años, que con el correr de la investigación fue sobreseído de la causa. Cerca del lugar, en pasaje La Flor, también vivía Mariela, quien poseía un kiosco que funcionaba como pantalla para el narcomenudeo.

Casapava, por su parte, era la pareja de uno de los hijos con quien convive sobre la calle El Triunfo. Sin embargo, según obra en el expediente, “cuando está bien con su pareja, vive junto a él (…), pero cuando se pelean, se retira a la casa de sus hijos, donde también vendería estupefacientes”. La casa de sus hijos es la de su madre, quien estaba en pareja con el otro implicado que tiene la causa, Villalba. Allí funcionaba, según obra en autos, otro comercio de barrio.

Finalmente el 13 de marzo del 2020, una semana antes del inicio de la Aspo, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en distintos domicilios, donde se procedió a la detención de los implicados y la incautación de diferentes elementos de interés para la causa (celulares, balances, envoltorios, etcétera), además de la droga que era comercializada y 200.000 pesos.

Se confirmó entonces que los familiares se encargaban de vender sobre todo cocaína, que estaba fraccionada en envoltorios de nylon azul. Un dato que surgió de los procedimientos fue que la más joven de las detenidas que en determinado momento salió corriendo al baño y arrojó 155 dosis por el inodoro.

“Realizado el test de orientación de cada una de las sustancias halladas, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa y un peso total de setenta y cuatro gramos (74 gramos), mientras que la sustancia blanca compacta arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína y un peso de ciento treinta y cinco gramos con 1 decigramo (135,1 gramos)”, se lee en la sentencia.

Consideraciones de la fiscal
Con todos estos elementos, a mediados del año pasado la causa se elevó a juicio bajo la carátula “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de personas intervinientes”. Sin embargo, la fiscal general ante este Tribunal, Vivian Andrea Barbosa, consideró que no estaba probado el agravante.

“… si bien en la presente causa existen cuatro imputados, debo apuntar que a través de la prueba producida no se logra acreditar entre ellos una participación mínimamente organizada en el delito enrostrado. En efecto, según denuncia recibida y la posterior investigación efectuada por el personal de la Policía Federal, los imputados se dedicaban a la venta al menudeo de estupefacientes en distintos domicilios en el barrio 181 de Posadas”, señaló.

Barbosa también tuvo en cuenta que los implicados no tenían grandes cantidades de sustancia en sus domicilios, lo que demuestran que no eran una organización de dimensiones.

Por otro lado, respecto a la participación de Villalba, consideró que si bien tenía conocimiento que en su domicilio la hija de su pareja vendía cocaína, él no participaba de esta operatoria. Mencionó que no hay registros de que haya comercializado la droga y por eso le cabe una pena menor.

Con todo esto y la conformidad de los defensores, los jueces Manuel Jesús Moreira, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni dictaron la sentencia de cuatro años para Antonio Álvarez (65), Mariela Álvarez (24) y Griselda Casapava (38), con un embargo de 162.000 pesos. Villalba, en tanto, recibió la pena condicional a tres años y recuperó su libertad.

En cifras

155Durante los allanamientos, la imputada Mariela Alvarez corrió hacia el baño de la vivienda y arrojó por el inodoro 155 dosis de cocaína.

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