Fiscal investigado adujo un cuadro de salud y se suspendió su indagatoria

El fiscal general federal Rubén González Glaría debía declarar ayer, pero presentó un certificado médico por “trastorno depresivo” que incluye 30 días de reposo

El fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría (67), debía prestar declaración indagatoria ayer en el marco de la investigación abierta en su contra por una multiplicidad de severas acusaciones, pero a última hora presentó un certificado médico y la audiencia fue suspendida.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el martes a la noche el fiscal investigado presentó un certificado médico psiquiátrico en el cual adujo padecer un cuadro de “trastorno depresivo”, para lo cual le recomendaron 30 días de reposo.

La situación obligó entonces a la suspensión de la indagatoria que estaba prevista para las 9 de ayer ante las autoridades del Juzgado Federal de Posadas, donde se instruye un extenso expediente en contra de González Glaría por varios delitos que van desde exacciones ilegales, peculado de bienes públicos, amenazas, fraude al Estado e incumplimiento de sus deberes.  

La investigación en contra de González Glaría es encabezada desde abril por el fiscal de la Procuración General de la Nación Pablo Turano, quien luego de recabar una batería de elementos basados en testimoniales y prueba documental formuló el pedido de citación a declaración indagatoria del mencionado funcionario judicial.

El pedido fue efectuado ante las autoridades del Juzgado Federal de Posadas, quienes dieron curso al planteo y programaron la audiencia para este miércoles, aunque ahora finalmente fue suspendida.

Según pudo averiguar este medio, las autoridades al frente de la causa ahora aguardarán el plazo de 30 días de reposo consignado en el certificado médico para fijar una nueva fecha para que el fiscal denunciado comparezca en indagatoria y si llegado el momento vuelve a presentarse una situación similar se analizaría pedir que una junta médica evalúe al implicado.

El objetivo de la medida sería para corroborar el cuadro de salud o determinar si se trata de una estrategia defensiva para dilatar el proceso.

Las acusaciones
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Publico Fiscal de la Nación en Misiones comenzó a partir de la denuncia del secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero a partir de ahí el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvina Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación estima que durante cuatro años la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría.

Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya también presto su testimonio y en esa instancia recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la situación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta destinada para uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidos por el fiscal también incluye que aparentemente se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos. Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido.  

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido después de las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires.

Pero para que el procesamiento ocurra primero el fiscal debe completar la audiencia de declaración indagatoria y allí también radica la importancia de este paso clave para el avance del voluminoso expediente que se lleva adelante.