Alberto Fernández supo anticipadamente que Highton de Nolasco abandonaría su cargo en el máximo tribunal de Justicia. Ahora debe determinar si avanza con un candidato en medio de la campaña electoral, y antes de perder mayoría en el Senado.
Horas antes de darse a conocer la noticia, el presidente Alberto Fernández supo por adelantado que la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, renunciaría a su vocalía en el máximo tribunal y abriría así una vacante que el Poder Ejecutivo debe ahora llenar.
La propia magistrada, de 78 años, llamó al jefe de Estado para comunicarle su decisión de abandonar el cuerpo al que se integró en 2004, por propuesta del entonces presidente Néstor Kirchner, siendo entonces jefe de gabinete el actual usuario del sillón de Rivadavia. Highton llegó con Alberto, y se va con Alberto.
La jueza Highton de Nolasco, dejaron entrever en su entorno, considera que llegó “el fin de un ciclo” a partir de la controvertida renovación de autoridades, que tuvo lugar una semana antes que definiera su renuncia. Progresivamente, la magistrada fue ocupando un rol de “oposición” en la judicatura que, en el gobierno anterior, se vio transformada con la incorporación de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y el desplazamiento del otrora presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, a mero actor de reparto.
a única mujer se había opuesto a permitir que Rosatti, con el apoyo de Rosenkrantz y el restante integrante, Juan Carlos Maqueda, se convirtiera en el nuevo presidente durante una reunión virtual celebrada el pasado 23 de septiembre, a la que Lorenzetti ya había anticipado su faltazo.
Highton era, por lejos, la jueza de la Corte de mejor relación con la Casa Rosada. La exministra de Justicia, Marcelo Losardo, había sido ayudante de cátedra de la cortesana. En sus fallos, la hasta ahora vicepresidenta se había apartado en ocasiones de sus colegas. En la causa que pretendía zanjar la disputa entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad por la reapertura de las escuelas en pandemia, Highton había sido partidaria -en soledad- de no involucrar al máximo tribunal.
ACELERAR O IR DE A POCO, EL DILEMA OFICIAL
La vacancia de la vocalía le abre al Presidente la oportunidad, a mitad de su mandato, de intervenir en la composición del máximo escalafón del Poder Judicial, al que considera abiertamente refractario, y con el que ha habido escasa o nula coincidencia acerca de los proyectos de reforma.
Facultado por la Constitución para nominar a un candidato, que debe contar la aprobación del Senado, convocado en una sesión especial en la que voten dos tercios de sus integrantes, Alberto Fernández analiza con los otros socios del Frente de Todos si apresura la presentación de un reemplazante, o espera a que pase el tiempo de campaña.
El tiempo corre: de repetirse el espantoso resultado de septiembre el próximo 14 de noviembre, el Gobierno podría perder la cuasi mayoría en la cámara alta. Pero el procedimiento normado por un decreto (el 222, de 2003) estipula que al momento de hacerse efectiva la vacante, el 1 de noviembre próximo, el Presidente tendrá 30 días para presentar un candidato (o candidata), que deberá someterse al escrutinio de la ciudadanía en general, ONG, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos.
Hoy por hoy, el Frente de Todos cuenta con 41 bancas y solo necesita un apoyo más para aprobar el pliego de un nuevo supremo. No obstante, corre el riesgo de que la oposición se monte sobre el candidato como parte de la campaña electoral y perjudique el “operativo remontada” en el que está inmerso el oficialismo. Pero el tiempo que Highton se tomará para ordenar sus papeles y hacer efectiva su renuncia le permite al Ejecutivo dejar el tema para después de las elecciones.
Los pasos a seguir, sin embargo, son tan borrascosos como el debate al interior del oficialismo. Hay quienes pretenden impulsar ahora la ampliación del número de jueces de la Corte, para licuar el poder del próximo presidente, Horacio Rosatti, proponer candidatos que se alineen con la visión del Gobierno sobre la Justicia. La diputada Fernanda Vallejos, que expresa las opiniones de un sector del kirchnerismo, así lo planteó públicamente.
DANZA DE NOMBRES
Casi en simultáneo con la noticia del retiro de Highton, comenzaron a pulular nombres. La decisión política está en cubrir la vacante con una mujer.
Un sector del Gobierno propuso a la actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Otros se inclinan por la abogada y militante feminista Marisa Herrera.
Otras postulantes pueden surgir de la comisión conformada en julio de 2020 para asesorar al Presidente sobre la reforma de la Justicia. Entre ellas figuran varias autoridades de cortes provinciales: Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Claudia Sbdar, titular del máximo tribunal de la provincia de Tucumán, o María del Carmen Battaini, del superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas.
Cerca de la vicepresidenta también ven con buen ojo a la exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Mónica Pinto, que sería de simpatía de la bancada radical en el Senado.
El pliego de la próxima jueza de la Corte Suprema podría negociarse con la designación del futuro Procurador General, tras fracasar por falta de consenso en el propio oficialismo para avanzar con el pliego de Daniel Rafecas para ese puesto.
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