Marcelo Puella vinculó el caso López con Calcaterra y cuestionó la condena a Cristina Kirchner

En una extensa entrevista con el periodista Miguel Alfonso, el dirigente Marcelo Puella (@puellaok) trazó una lectura política y judicial del caso José López y de la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Su planteo apunta a dos ejes: el origen del dinero de los “bolsos” y la legitimidad de las condenas contra la exmandataria.

Sobre el episodio de 2016 en el convento de General Rodríguez —cuando el exsecretario de Obras Públicas fue detenido intentando ocultar casi nueve millones de dólares— Puella sostuvo que el dinero no provenía del kirchnerismo sino de sectores empresarios vinculados al macrismo. En particular, mencionó a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, y la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento/San Martín.

“Los bolsones de López… [tienen que ver con] Calcaterra y el soterramiento del San Martín. La plata es lo que dicen que viene de la parte del macrismo”, afirmó. Se trata de una hipótesis que invierte el foco tradicional de la causa y que no forma parte de las sentencias firmes dictadas hasta ahora por la Justicia en ese expediente.

Puella también cuestionó la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Me gustaría que algún jurista me diga por qué causa o de qué delito está presa [o condenada] Cristina. Se cometieron errores, pero otra cosa es esto”, expresó. La exmandataria fue condenada en primera instancia por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, fallo que fue confirmado por la Cámara de Casación y que actualmente se encuentra en revisión ante la Corte Suprema.

Según el dirigente, existió una estrategia política para proscribir a la ex presidenta desde que en 2019 anunció su regreso al escenario electoral. “Desde 2019, cuando Cristina iba a ser candidata, empezaron a pedir la condena… dijeron ‘hay que jugar al fútbol en la quinta’, hay que ponerla al día”, sostuvo, en alusión a lo que sectores del kirchnerismo definen como un proceso de lawfare.

Puella reconoció que durante la gestión kirchnerista “se cometieron errores”, pero diferenció esas falencias de lo que considera una persecución judicial direccionada contra la conducción política.

Las declaraciones reavivan un debate que atraviesa a la política argentina desde hace años: si las causas contra exfuncionarios responden a pruebas y tipificaciones penales concretas o si forman parte de una disputa de poder más amplia. Entre sentencias, apelaciones y discursos cruzados, la discusión sobre justicia y política sigue siendo uno de los núcleos más sensibles del escenario nacional.