La interna en el PAMI sumó un nuevo capítulo. En la segunda parte de su denuncia pública, la exdirectora del organismo, Viviana Aguirre, detalló un presunto esquema de recaudación y presión política que, según su testimonio, operaba dentro de la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Aguirre aseguró que durante su gestión recibió exigencias económicas directas. Según relató, Juan Esteban Osaba —a quien identificó como mano derecha de Sebastián Pareja— le habría pedido un “aporte” mensual de un millón de pesos proveniente de su sueldo. “Me pidió que aportara un millón de pesos de mi sueldo, que firmara papeles ilegales y que ingresara gente sin licitación”, afirmó.
Siempre de acuerdo a su versión, cuando solicitó un número de cuenta para realizar la transferencia, la respuesta fue otra. “Le pedí un número de cuenta y me dijo: ‘No, esto no se maneja así. Yo lo paso a retirar… lo tenés que meter en un sobre’”, sostuvo. La descripción sugiere un manejo de efectivo por fuera de cualquier circuito bancarizado o formal.
La exfuncionaria también denunció presuntas irregularidades administrativas. Indicó que le habrían exigido firmar documentación que consideró ilegal y habilitar el ingreso de personal sin procesos de licitación ni mecanismos formales de contratación.
En su relato, Aguirre trazó una estructura de poder que, según dijo, bajaba órdenes desde niveles superiores. Mencionó a Sebastián Pareja y aseguró que se le indicó “alinearse” políticamente. Incluso afirmó que le señalaron a Karina Milei como “la jefa” dentro del esquema de conducción.
Otro de los puntos sensibles que expuso fue el control interno del organismo. La denunciante afirmó que no le permitieron conformar su propio equipo técnico, incluyendo al doctor Raúl Simonetto, y que en su lugar se impusieron coordinadores designados por la conducción política.
Hasta el momento, no hubo una respuesta pública detallada de los dirigentes mencionados. La denuncia, de gravedad institucional, podría derivar en presentaciones judiciales si se formaliza en ese ámbito. PAMI administra recursos millonarios y presta servicios a millones de jubilados, por lo que cualquier acusación sobre su manejo impacta de lleno en la discusión sobre transparencia y control del gasto público.
El caso abre interrogantes sobre la relación entre estructura partidaria y gestión de organismos descentralizados. Cuando la política se mete en la caja, el problema no es ideológico: es estructural. Y ahí la pregunta ya no es quién gobierna, sino cómo se gobierna.
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