La reforma laboral también ajusta a las provincias: Misiones perdería casi $60 mil millones por coparticipación

Mientras el Gobierno nacional acelera el tratamiento de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, empiezan a emerger con mayor nitidez sus efectos colaterales. Lejos de limitarse al mercado de trabajo, el proyecto avanza sobre el corazón del sistema fiscal y amenaza con reducir de manera estructural los recursos que reciben las provincias. Misiones aparece entre las más afectadas.

Según un informe técnico de impacto fiscal al que accedió Misiones Opina, la provincia dejaría de percibir $59.756 millones anuales en concepto de fondos coparticipables si la iniciativa se aprueba sin cambios. El recorte no surge de una decisión explícita sobre la coparticipación, sino de una serie de modificaciones tributarias que, en los hechos, achican la masa de recursos a repartir.

El documento analiza el Proyecto de Ley de Modernización Laboral y concluye que el paquete configura una reforma tributaria indirecta. La combinación de rebajas impositivas, eliminación de tributos y reducción de aportes a la seguridad social impacta de lleno en la recaudación nacional y, por arrastre, en las finanzas provinciales.

Menos impuestos, menos fondos para las provincias

El principal foco de preocupación está puesto en la caída de impuestos que integran el régimen de coparticipación federal. El informe señala tres factores centrales:
la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la eliminación del impuesto cedular y la derogación parcial de impuestos internos que hoy alimentan las cajas provinciales.

En términos globales, los recursos afectados a distribuir entre las provincias alcanzarían los $3,18 billones, calculados sobre los coeficientes vigentes del Consejo Federal de Inversiones para 2026. Con un índice de participación del 1,87%, Misiones quedaría expuesta a una merma cercana a los $60 mil millones por año.

Alivio empresario, tensión fiscal

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la reducción de las contribuciones patronales, tanto las previstas en el articulado principal como las vinculadas al financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral. Aunque el Gobierno presenta estas medidas como un incentivo para la formalización del empleo, el informe advierte que generan un agujero relevante en la seguridad social y tensionan el esquema general de financiamiento del Estado.

A esto se suma la rebaja de tres puntos en Ganancias para empresas y la virtual desaparición del impuesto cedular, dos cambios que explican buena parte de la caída de los fondos coparticipables. El paquete se completa con la eliminación de impuestos internos que gravan actividades y bienes como seguros, telefonía, artículos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves, ampliando el alcance del impacto fiscal.

Desde una mirada macroeconómica, el costo fiscal total del conjunto de medidas equivale al 1,28% del PBI, según estimaciones realizadas sobre el producto proyectado para 2026.

Un impacto transversal y de largo plazo

Aunque desde la Casa Rosada relativizan el efecto y apuestan a una recuperación futura vía mayor actividad y empleo formal, el informe es contundente: la pérdida de recursos para las provincias es real, transversal y sin distinción política.

En el ranking de distritos más perjudicados, Buenos Aires encabeza la lista con una caída superior a los $397 mil millones, seguida por Santa Fe y Córdoba. Misiones, con menor volumen pero fuerte dependencia de la coparticipación, enfrenta un golpe significativo sobre su ya delicado equilibrio fiscal.

La advertencia final del documento es clara y poco tranquilizadora: el impacto puede no sentirse de inmediato, pero será estructural. Si la reforma se aprueba tal como está, las provincias deberán administrar menos recursos durante años. Y en Misiones, donde cada peso cuenta, la discusión ya dejó de ser solo laboral para convertirse en netamente política y financiera.