La clausura de un geriátrico ilegal en el barrio San Isidro de Posadas expuso una situación alarmante de abandono y presunto abuso contra adultos mayores. El establecimiento funcionaba sin habilitación municipal y en condiciones que no cumplían con ningún estándar mínimo de cuidado, seguridad ni dignidad, según confirmaron autoridades provinciales y municipales.
La intervención se activó a partir de una denuncia vecinal. Una residente de la zona alertó a la Policía luego de observar a una mujer de edad avanzada salir de una vivienda pidiendo ayuda y solicitando presencia policial. El llamado, recibido el lunes 19 de enero en la Comisaría 15ª, derivó en un operativo conjunto que dejó al descubierto el funcionamiento irregular del lugar.
Durante la inspección, realizada en una vivienda ubicada en la manzana 12 del barrio San Isidro, las autoridades constataron que en el inmueble vivían cinco adultos mayores, alojados junto a varias mujeres, en un espacio que operaba como geriátrico sin ningún tipo de autorización. En la denuncia inicial también se indicó que a los residentes se les sustraía dinero, situación que ahora es investigada por la Justicia.
El operativo contó con la participación de efectivos de la Unidad Regional X, personal de la Municipalidad de Posadas, la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana. Las irregularidades detectadas fueron múltiples y graves.
Según detalló Sebastián Báez, director de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, el lugar carecía de heladera, freezer, botiquín, medicamentos y registros sanitarios. No existían historias clínicas de los adultos mayores ni controles médicos básicos. Además, el inmueble no contaba con salidas de emergencia ni condiciones adecuadas de higiene, ventilación y seguridad.
“El lugar no estaba en condiciones para recibir abuelos, ni siquiera para que viva una persona”, afirmó Báez, quien remarcó que las falencias estructurales eran incompatibles con cualquier intento de habilitación.
Tras las pericias realizadas por personal de medicina policial y Policía Científica, la Municipalidad avanzó con la clausura definitiva del geriátrico, en cumplimiento de la orden judicial dispuesta por el juez Ricardo Balor.
En cuanto a la situación de los adultos mayores, tres de ellos fueron restituidos a sus familias, que firmaron la documentación correspondiente y asumieron su cuidado. Los otros dos, al no contar con familiares localizables, fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, donde permanecen bajo seguimiento sanitario y resguardo del Estado provincial.
El responsable del establecimiento intentó justificar el funcionamiento del lugar presentando documentación vinculada a tareas de limpieza y fumigación, y sostuvo que el trámite de habilitación se encontraba en curso. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud Pública descartaron cualquier validez de esos argumentos.
“Ningún trámite administrativo puede subsanar la falta de condiciones mínimas de seguridad, higiene y dignidad. El inmueble no cumplía con los requisitos básicos, como dimensiones adecuadas de baños, ventilación en habitaciones ni espacios seguros”, explicó Báez.
La causa continúa bajo investigación judicial, mientras las autoridades avanzan en la determinación de responsabilidades y en el análisis del posible perjuicio económico sufrido por los adultos mayores alojados en el lugar.
Desde la Dirección de Gerontología recordaron que en Posadas solo existen seis geriátricos habilitados oficialmente y recomendaron a la comunidad consultar el listado vigente y solicitar asesoramiento antes de contratar este tipo de servicios, para evitar nuevas situaciones de vulneración de derechos.
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