32 años después, la institucionalidad vuelve a estar amenazada

Cuanto más tiempo se prolongue esta asonada contra el Poder Judicial encabezada por el presidente Alberto Fernández, mayores serán los costos que nuestra gente tendrá que sufrir

Hace 32 años el Coronel Seineldín lideró un levantamiento militar contra el entonces Presidente Carlos Menem. Fue el fin de una época. A partir de allí las Fuerzas Armadas progresivamente se integraron al funcionamiento democrático de la sociedad. Ahora, el Presidente Alberto Fernández, inesperadamente volvió a abrir las puertas del infierno.

Después de tres años de un pésimo gobierno, que seguramente terminará como el peor gobierno en los últimos 40 años de democracia, el Presidente ha decidido pasar a la historia como el mandatario que se atrevió a romper la institucionalidad democrática que con tanta dificultad se fue construyendo.

La primera reacción de desafiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia puso en alerta a la sociedad en sus diversas expresiones, políticas, sociales y económicas. Hubo una reacción que va mucho más allá de la coalición opositora, se percibió un estado de alerta en defensa de nuestra República. Frente a este escenario quedó en evidencia que si seguían por ese rumbo el Gobierno probablemente no iba a poder sostenerse en el poder. Esta nueva maniobra que supone pagar en bonos, recusar a la Corte y llevar el debate al Congreso de la Nación solo deja en evidencia los escombros de un gobierno que ya casi no puede sostener la frágil recuperación que venían construyendo. Esta nueva “sublevación” terminó de profundizar una crisis que parece no tener fin.

La Argentina no es Venezuela ni El Salvador, donde sus militares o un dirigente audaz pueden mandar al exilio a 5 millones de personas o cerrar el Congreso. Nuestra sociedad es mucho más fuerte y compleja que eso y lo demostrará a través de diversas formas que pondrán de manifiesto el repudio a esta asonada que ha dejado en evidencia que a la democracia argentina no se la pueden llevar puesta un puñado de irresponsables.

La mayor parte de los 14 gobiernos provinciales que han respaldado hasta ahora al Presidente en esta locura representan un pensamiento autoritario que es muy frecuente en sus realidades donde a través del control de la Justicia, los medios de comunicación, el empleo público y las diversas prebendas, suelen perpetuarse en el poder durante décadas constituyendo verdaderas dinastías familiares.

La sociedad argentina no se merece que el Gobierno intente romper el orden institucional y agrave irresponsablemente una situación económica y social de por sí suficientemente complicada. Somos muchos los que apostamos a que surjan voces dentro de la coalición oficialista contrarias a la ruptura del orden democrático. Cuanto más tiempo se prolongue esta asonada, mayores serán los costos que nuestra gente tendrá que sufrir. La imagen del Presidente desafiando a la Corte Suprema mientras las organizaciones piqueteras jugaban al fútbol en la Avenida 9 de Julio, es la imagen de un Poder Ejecutivo atribulado por las presiones y desbordado por la responsabilidad.