Histórico: la justicia argentina procesó a un funcionario del franquismo

En un fallo histórico, la jueza federal María Servini de Cubría procesó por delitos lesa humanidad al exministro español y franquista Rodolfo Martín Villa, a quien encontró culpable de haber asesinado a Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz luego del fallecimiento del dictador Francisco Franco. 

La decisión se dio en el marco de la causa impulsada por la querella conformada por familiares de las víctimas del genocidio franquista, abierta en 2010 en Argentina y a cargo de la magistrada Servini. Se trata del único expediente penal a nivel mundial dedicado a investigar los crímenes cometidos en España desde el 17 de junio de 1936 al 15 de junio de 1977.

Las organizaciones de derechos humanos, tanto españolas como internacionales, estiman que durante el franquismo fueron fusiladas entre 130 mil y 150 mil personas. Sobre ese total, más de 100 mil permanecen enterradas en fosas sin ubicar; 300 mil fueron exiliadas, 270 mil encarceladas y unos 10 mil hijos e hijas de padres republicanos fueron secuestrados. 

Según Servini, Villa es el “autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades”: de Pedro, Romualdo y Francisco durante una huelga obrera en marzo de 1976, y de Germán durante las celebraciones de San Fermín en 1978.

Por eso, ordenó su detención preventiva -aunque Villa, de 87 años, se encuentra eximido de ser encarcelado- y el embargo de más de mil millones de pesos ( casi 10 millones de euros). Además, le dictó falta de mérito en otros ocho casos, en los que consideró que se debería profundizar las investigaciones.

En su fallo, Servini reconoce que el ex ministro de Relaciones Sindicales e Interior ocupaba “una posición preponderante en la estructura jerarquizada de poder” cuando se cometieron los crímenes de lesa humanidad, “a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”. 

“Otro elemento que permite reafirmar la responsabilidad del acusado es la garantía de impunidad de los ejecutores de las órdenes de represión”, añadió la magistrada, ya que “fue, como máxima autoridad del Orden Público -Ministro del Interior- que Villa impartió las directivas generales y a veces particulares en esa materia, respecto de cuáles eran las manifestaciones o reuniones que no debían tolerarse o que debían disolverse, pasando por los estamentos intermedios que retransmitían las órdenes superiores hasta los ejecutores de las acciones concretas”.

Para Máximo Castex, uno de los letrados de la querella argentina, este procesamiento es «una muy buena noticia para las víctimas que vienen reclamando justicia desde hace muchísimos años. Los primeros testimonios brindados en esta causa datan de 2013, esto era algo muy esperado”.

“La Fiscalía General del Estado español tiene una oportunidad más que evidente para modificar la conducta mantenida hasta ahora”, continuó el abogado español Jacinto Lara, que apuntó: “Este auto indica que esto es un problema actual de nuestra democracia, que no da respuesta a las demandas de tutela efectiva y que pone al Estado español frente a un espejo”.