Hoy se realizará una nueva audiencia entre las cámaras empresarias, la UTA y el Gobierno por el transporte. Y nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará.
Otra vez un “día clave”. Nuevamente una tensa espera de una jornada que podría tener como definición un acuerdo salarial que desactive por un buen tiempo cualquier paro en el servicio de transporte urbano y de media distancia de pasajeros. Sino, un nuevo paro que le complique la vida a los miles de usuarios misioneros que no tienen otra forma de movilizarse para sus quehaceres cotidianos.
Es que hoy se realizará una nueva audiencia entre las cámaras empresarias, la UTA y el Gobierno. Y nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará.
Lo único concreto es el malestar que genera en los misioneros subirse a un colectivo a esta hora del día y no saber si la vuelta será caminando, pagando mucho dinero en un viaje en taxi o remis o pidiendo a un vecino o amigo que lo lleve, ante un posible paro del gremio UTA.
Al igual que muchos otros argentinos, en Misiones los trabajadores, estudiantes, jubilados y otros grupos que utilizan el servicio de transporte urbano y de media distancia ya tiene suficientes problemas para lidiar cotidianamente. Desde la inflación que les achica el poder adquisitivo de sus salarios, la pandemia que castiga la salud propia o la de seres queridos a los que los hiere de muerte; la inestabilidad laboral si se desempeñan en rubros en crisis, por citar algunos ejemplos.
Claro está que también se puede incluir el viajar como “ganado” en el caso del transporte del Grupo Z, donde los protocolos sanitarios parecen no tener obligatoriedad. Pero, para solucionar este tema o el incremento de frecuencias (que protegerían a los choferes también), no hay capacidad de reuniones ni posturas firmes por parte de la UTA ni del Gobierno.
Hace falta dar un corte concreto a tanta incertidumbre, porque agobia pasar tantas semanas sin saber si al día siguiente vas a poder ir a trabajar, estudiar, al médico, a realizar trámites o visitar a un familiar o amigo. Nadie merece -aún cuando el reclamo resulte legítimo- jugar con la alteración de la actividad de los demás cuando tiene un servicio esencial.
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